¿Te pueden fiscalizar a través de tus redes sociales? Francia lo está haciendo

Desde inicios del año 2021, la Dirección General de Finanzas de Francia, ha introducido la facultad de revisar las redes sociales de los contribuyentes a fin de detectar información fraudulenta respecto a su actividades económicas o domicilios fiscales.

El “experimento” planea que por un período de tres años, las agencias aduanales y fiscales podrán revisar las publicaciones de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, etc. de los ciudadanos franceses.

¿Qué información puede revisar el fisco francés?
De acuerdo con comunicados oficiales, las autoridades fiscales y aduaneras podrán usar datos públicos de redes sociales como las ya mencionadas, y también de plataformas digitales en donde ofrezcan bienes o servicios (como son Airbnb, Mercado Libre, Rappi, Uber).

No obstante, existen dos limitantes principales. La primera es que la autoridad solo puede recolectar y usar información deliberadamente publicada por la persona en un sitio donde no sea necesario registrarse o ingresar contraseña[1]. Por lo tanto, información no públicamente divulgada o restringida a un número limitado de personas no podrá ser usada[2].

La segunda limitante es que la autoridad solo puede hacer uso de información para casos relacionados a infracciones en donde el contribuyente no revele su actividad económica a la autoridad y/o que dé información falsa respecto a su domicilio fiscal (incluso tratándose de domicilio en el extranjero).

La información recolectada será almacenada de la siguiente forma:

  • Aquella que permita constatar que hay una actividad no declarada o un falso domicilio fiscal, será almacenada para su examinación por un periodo de un año, salvo que sea usada en el transcurso de un proceso penal o fiscal, en cuyo caso será almacenada por el total de la duración del procedimiento.
  • La información que no permita constatar alguna infracción será destruida dentro de 30 días después de su extracción.
  • La información sensible[3] así como aquella que no sirve para evidenciar o no la comisión de una infracción deberá ser destruida a más tardar 5 días después de su extracción.

Experimento: en etapa de aprendizaje y diseño
Cabe resaltar que este denominado “experimento” se desarrollará en dos etapas.

La primera, que inició desde inicios del presente año, consiste en una fase de aprendizaje y diseño en donde la información recolectada y analizada será usada meramente para el desarrollo de algoritmos y para mejorar la dirección de controles fiscales. Además, recolectará información que no es personal, tal como palabras clave, indicadores, fechas y lugares geográficos.

La segunda fase es la etapa operacional. En esta etapa la información será puesta en práctica y, por ende, si durante la revisión de datos se identifica que una persona puede haber cometido alguna de las infracciones perseguidas, la información recolectada será transmitida a la autoridad competente para su corroboración y profundización.

El experimento tendrá una vigencia de tres años. A más tardar 18 meses previo a que se termine el plazo, se deberá emitir una primera evaluación en donde los resultados serán públicamente transmitidos. Luego se presentará una revisión definitiva 6 meses antes del término de experimentación.

Derecho a la privacidad vs evasión fiscal
Este tema desata una variedad de discusiones éticas y jurídicas, sobre todo la relativa a la privacidad. Instituciones como el Consejo Constitucional y la Comisión Nacional de Informática de Libertades evidencian que este caso es una confronta entre la lucha contra la evasión y el derecho a la privacidad. Es una reflexión que debe hacerse: ¿El interés público que está implícito en la lucha contra la evasión es superior al derecho a la privacidad? ¿En qué punto termina uno y comienza el otro? Es un tema que dará mucho para reflexionar y debatir en un futuro no muy lejano.

Las autoridades fiscales y la inteligencia artificial
Es un hecho que las administraciones tributarias han extendido el uso de tecnologías de inteligencia artificial, no obstante el caso de Francia es interesante puesto que confronta la lucha contra el fraude fiscal y la evasión contra el respecto al derecho de privacidad de las personas investigadas, como se ha mencionado.

En ese sentido, será interesante analizar cómo se desenvuelve esta normativa y, en el próximo año, analizar los resultados alcanzados y el beneficio que en efecto se pueda lograr.

Conocer estos datos resulta importante, pues permite adelantarse a las tendencias internacionales que, de una forma u otra, terminan siendo abordados en la legislación mexicana.

 

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Notas al pie

[1] Esto resulta interesante desde un punto de interpretación, no obstante es necesario aclarar que la intención legislativa gira en torno a que la autoridad no puede revisar información de redes sociales o plataformas cuyo contenido esté disponible únicamente con la creación de una cuenta en dicho sitio. Es decir, la autoridad no puede crear una cuenta en una red social con el único propósito de acceder a información que de lo contrario no podría acceder.

[2] Véase el caso de la función “close friends” (amigos cercanos) de Instagram, en donde únicamente un grupo elegido de personas pueden ver las publicaciones hechas por el usuario.  Asimismo, las cuentas privadas de Twitter en donde solamente las personas autorizadas por el usuario pueden ver sus publicaciones.

[3] De forma general, se considera información sensible aquella que pueda revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

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