Derechos de privacidad de datos ¿Aplica a persona moral?

En esta publicación se analiza principalmente el derecho a privacidad de los trabajadores involucrados en los servicios prestados.

Si bien es cierto que las empresas deben proteger los datos personales de los trabajadores, surge la pregunta si lo mismo es aplicable a las personas morales. Dicho de otra forma, ¿hay obligación de proteger los derechos de privacidad de una persona moral?

Protección de datos: aplicable sólo a personas físicas
Primero, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) tiene por objeto, tal como señala su Artículo primero, “la protección de los datos personales en posesión de los particulares”. En ese sentido ¿Qué se entiende por datos personales?

La fracción V del Artículo 3 señala que se entenderá por “dato personal” a “cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable”. De lo anterior se concluye que la protección que proporciona la ley es sobre la información que pueda identificar a una persona física.

La misma Guía del INAI indica que “la información relativa a una persona moral no se considera como dato personal, quedando ésta excluida de la protección que otorga la normatividad sobre protección de datos personales a las personas físicas”.

Asimismo, el Reglamento de la LFPDPPP señala en la fracción I de su Artículo 5 que las disposiciones del Reglamento no serán aplicables a la información relativa a personas morales.

De lo anterior se desprende que obligaciones básicas, como lo es proporcionar un Aviso de Privacidad, y demás obligaciones en la materia de protección de datos, no tienen un carácter obligatorio cuando se trate información de personas morales.

¿Qué dicen las tesis en la materia?
Por un lado, la tesis aislada P. II/2014 (10a.) en materia constitucional con registro digital 2005522 emitida por el Pleno de la SCJN[1] indica que las personas morales tienen derecho a la protección de los datos que puedan equipararse a los personales.
En esta tesis el Pleno indica que, aun cuando la protección de datos personales pareciera ser una prerrogativa exclusiva de las personas físicas, “el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de personas jurídicas colectivas” con respecto de “cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo”.

En ese sentido, se podría decir que las personas morales pueden verse protegidas por la normativa en protección de datos, en cuanto la información se puede equiparar a los datos personales. No obstante, la tesis es de tipo aislada y como tal no es vinculante.

Para agregar información al caso sobre si las personas morales son sujetas a la protección de datos, la tesis aislada P. I/2014 (10a.) en materia constitucional con registro digital 2005521 emitida por el Pleno de la SCJN[2] indica que no es claro distinguir si a una persona moral se le pueden atribuir derechos respecto a protección de datos personales. En estos supuestos, señala la Corte, “el juzgador deberá determinar, en cada caso concreto, si un derecho les corresponde o no”.

Análisis de la normativa europea y de su tendencias
El Reglamento General de Protección de Datos (General Data Protection Regulation) es la normativa aplicable para armonizar las disposiciones en materia de protección de datos personales de los países miembros de la Unión Europea. Su carácter vinculante y aplicable, pero proporciona flexibilidad a los Estados para que ciertos aspectos sean modificados. Se ha considerado como normativa más extensa en la materia de protección de datos personales.

Al atender a esta normativa en su Recital 14, expresamente se indica que el “Reglamento no regula el tratamiento de datos personales relativos a personas jurídicas y en particular a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto”.

Dicho lo anterior, van der Sloot (2015)[3] señala que, históricamente, bajo la normativa de la Unión Europea, cuando una persona moral apela a sus derechos de privacidad normalmente se les otorga una protección parcial limitada, ya que su alcance se limita a obligaciones negativas que el Estado debe acatar con el objetivo de prevenir el abuso de poder por parte de sus autoridades.

Ejemplo de lo anterior se puede encontrar dentro de los criterios jurisdiccionales mexicanos dentro de la tesis aislada XVI.2o.A.3 A (10a.)[4] en materia común-administrativa con registro digital 2012202 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito. En esta tesis se indica que si bien un Acta domiciliaria no puede ser impugnable en amparo indirecto, este acto de autoridad podrá ser impugnable “si el planteamiento formulado en la demanda de amparo incide en una eventual afectación a los derechos fundamentales de inviolabilidad e intimidad del domicilio y de protección de datos de las personas morales, protegidos constitucional e internacionalmente”.

Retomando los planteamientos de van der Sloot, el autor señala cómo el alcance material de la protección de datos se ha alejado del individuo, es decir la persona física, y ha comenzado a incluir, entre otras, la información que identifica al sujeto e información que indirectamente lo puede identificar. Citando al autor “la extensión del alcance del concepto de ‘datos personales’ ha llevado a que virtualmente todo dato pueda ser dato personal”. Con esta tendencia en curso, agrega, existe un mayor campo para que las personas legales (morales) puedan apelar a su derecho de protección de datos.

Cuando los datos de una Persona Física y una Persona Moral se confunden
Con todo lo anterior, surge una pregunta importante: ¿Qué sucede cuando se traslapan la información de una persona física con la de una persona moral? Por ejemplo, suponga el caso de una Sociedad Civil que opera con el nombre de su propietario. O que, debido al limitado tamaño de sus operaciones (o al distanciamiento social), el domicilio de la persona física es igual al domicilio de la persona moral.

Esta situación es una zona gris que incurre en cierta incertidumbre jurídica y que ni la normativa mexicana ni el reglamento europeo han considerado a profundidad.

Por ello, quedará a criterio de los profesionales en materia fiscal o protección de datos personales tomar el criterio que mejor siga los principios que rigen las leyes del derecho a la privacidad.

No hay protección legal para persona moral, pero sí para trabajadores
Si bien la normativa en primera instancia no aplica a los datos de las personas morales, sí deberá aplicar a sus trabajadores y demás colaboradores.

En ese sentido, cuando exista una transferencia de datos de trabajadores (como ocurre ahora con la reforma al outsourcing) se deberán de cumplir las obligaciones relacionadas a las transferencias de datos.

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Notas al pie

[1]  Numeración: 2005522
Tesis: P. II/2014 (10a.)
Página: 274
Época: Décima Época
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I
Materia: Constitucional
Sala: Pleno
Tipo: Aislada

PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD.
El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente.

Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas.

El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número II/2014 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil catorce.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

[2] Numeración: 2005522
Tesis: P. II/2014 (10a.)
Página: 274
Época: Décima Época
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I
Materia: Constitucional
Sala: Pleno
Tipo: Aislada
PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN CUESTIÓN, ASÍ COMO DEL ALCANCE Y/O LÍMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE.
Si bien el vocablo ‘persona’ contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende a las personas morales, la titularidad de los derechos fundamentales dependerá necesariamente de la naturaleza del derecho en cuestión y, en su caso, de la función o actividad de aquéllas. En esa medida, el juzgador deberá determinar, en cada caso concreto, si un derecho les corresponde o no pues, si bien existen derechos que sin mayor problema argumentativo pueden atribuírseles, por ejemplo, los de propiedad, de acceso a la justicia o de debido proceso, existen otros que, evidentemente, corresponden sólo a las personas físicas, al referirse a aspectos de índole humana como son los derechos fundamentales a la salud, a la familia o a la integridad física; pero además, existen otros derechos respecto de los cuales no es tan claro definir si son atribuibles o no a las personas jurídicas colectivas, ya que, más allá de la naturaleza del derecho, su titularidad dependerá del alcance y/o límites que el juzgador les fije, como ocurre con el derecho a la protección de datos personales o a la libertad ideológica.

Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría de siete votos en relación con el sentido; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Mayoría de ocho votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza respecto del criterio contenido en esta tesis. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas.

El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número I/2014 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil catorce.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

[3]  van der Sloot, B. (2015). Do privacy and data protection rules apply to legal persons and should they? A proposal for a two-tiered system. Computer Law and Security Review, 31(1), 26-45. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2014.11.002

[4] Numeración: 2012202
Tesis: XVI.2o.A.3 A (10a.)
Página: 2505
Época: Décima Época
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV
Materia: Común, Administrativa
Sala: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo: Aislada

ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. POR EXCEPCIÓN, SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL PLANTEAMIENTO RELATIVO INCIDA EN LA EVENTUAL AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE INVIOLABILIDAD E INTIMIDAD DEL DOMICILIO Y DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS PERSONAS MORALES, AL TRATARSE DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.

Por regla general, las actas de visita domiciliaria o de auditoría fiscal no son impugnables en amparo indirecto, al encuadrar en la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa, sino que únicamente sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con el establecimiento de una liquidación o la imposición de una obligación. No obstante, si el planteamiento formulado en la demanda de amparo incide en una eventual afectación a los derechos fundamentales de inviolabilidad e intimidad del domicilio y de protección de datos de las personas morales, protegidos constitucional e internacionalmente, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debe estimarse que, al tratarse de actos de imposible reparación, se actualiza la procedencia excepcional del juicio, prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por involucrar, en cuanto al fondo del asunto, la posible afectación material de derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 302/2015. Salas Rangel Construcciones, S.A. de C.V. 8 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Hernández Torres. Secretario: Luis Ángel Ramírez Alfaro.

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