Efectos fiscales ante la desaparición de personas

La Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, en vigor desde el 23 de junio de 2018, tiene como objeto establecer el procedimiento federal para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia (DEA), así como señalar sus efectos hacia la Persona Desaparecida, los Familiares o personas legitimadas por ley, una vez que ésta es emitida por el Órgano Jurisdiccional competente, de forma que se pueda proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida, y proteger a los familiares, entre otras cosas.

Los Familiares y personas autorizadas por la ley que tengan abierta una investigación en la Fiscalía Especializada pueden optar por presentar la solicitud de DEA ante el Órgano Jurisdiccional, y todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de reconocer la validez y los efectos de la Declaración. La validez y los efectos de la DEA serán exigibles ante cualquier autoridad federal; así como ante los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten los derechos de las Personas Desaparecidas o sus Familiares.

Efectos de la DEA
La Declaración Especial de Ausencia tiene, entre otros, los siguientes efectos relativos al ámbito patrimonial:

  • El reconocimiento de la ausencia de la Persona Desaparecida desde la fecha en que se consigna el hecho en la denuncia o en el reporte
  • Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca
  • Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas por ley, pueden acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida
  • Permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida continúen gozando de todos los derechos y beneficios aplicables a este régimen
  • Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida.
  • Asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la Persona Desaparecida.
  • Disolución de la sociedad conyugal. La persona cónyuge presente recibirá los bienes que le correspondan hasta el día en que la Declaración Especial de Ausencia haya causado ejecutoria.
  • Disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona cónyuge presente, quedando en todo caso el derecho para ejercitarlo en cualquier momento posterior a la DEA.

Para fines fiscales, el Artículo 27 de la Ley establece que “las obligaciones de carácter mercantil y fiscal a las que esté sujeta la Persona Desaparecida surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada con o sin vida”.

Transcurrido un año, contado desde que se emite la resolución de la DEA, el representante legal, a petición de los Familiares u otra persona legitimada por la ley, podrá solicitar al Órgano Jurisdiccional la venta judicial de los bienes de la Persona Desaparecida, observando las disposiciones aplicables para las ventas judiciales.

El Órgano Jurisdiccional deberá garantizar que la venta judicial se lleve a cabo bajo el principio de presunción de vida, así como del interés superior de las personas menores de 18 años de edad.

Si la Persona Desaparecida de la cual se emitió una DEA fuera localizada con vida o se prueba que sigue con vida, en caso de existir indicios de que la persona hizo creer su desaparición deliberada para evadir responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales conducentes, recobrará sus bienes en el estado en el que se hallen y no podrá reclamar de estos frutos ni rentas y, en su caso, también recobrará los derechos y obligaciones que tenía al momento de su desaparición.

 

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