“Ley Rider” que convierte a choferes en trabajadores de plataformas digitales

Recientemente, los gobiernos europeos han tomado desiciones legislativas y judiciales contrarias a los intereses de las plataformas digitales al resolver que las personas que realizan actividades a través de dichas plataformas deberán considerarse como trabajadores.

El caso de Reino Unido
Uber reclasificará a sus 70,000 conductores en Reino Unido como trabajadores, permitiendo así que sean acreedores de todas las prestaciones laborales, de acuerdo con una sentencia de la Suprema Corte inglesa emitida durante febrero.

Como antecedente a la sentencia, en 2016 dos conductores ganaron un laudo contra Uber tras argumentar que eran trabajadores de la empresa de tecnología. La actual sentencia era la última instancia de Uber después de apelar en dos distintas ocasiones el resultado inicial [1].

Para identificar el carácter de la relación entre Uber y sus conductores, la Corte consideró lo siguiente[2]:

  • Uber establece una tarifa, lo cual significa que la app dicta qué tanto los conductores pueden obtener.
  • Uber establece los términos del contrato sin que los conductores puedan influir en estos.
  • La solicitud de los viajes está limitada por Uber, quien puede penalizar a sus conductores si niegan muchos viajes.
  • Uber monitorea el servicio de sus conductores a través de la calificación por estrellas y tiene capacidad de terminar la relación si tras repetidas advertencias el conductor no mejora.

Tras analizar los puntos anteriores, la Corte concluyó que, al desempeñar el servicio de transporte los conductores se encuentran en una posición de subordinación y que deben ser considerados trabajadores. Lo anterior al identificar que:

  • El servicio está altamente definido y controlado por Uber.
  • Los conductores están en una posición de dependencia en relación con Uber de manera que tienen poca o nula habilidad para mejorar su posición económica a través de su habilidad profesional o empresarial. Añaden que, en la práctica, la única forma de obtener más ingresos es operar más tiempo a la vez que se mantiene la calificación esperada por Uber.

Por su parte, la Suprema Corte añade que la jornada de trabajo no está limitada al plazo en que los trabajadores se encuentran transportando pasajeros a sus destinos, sino que incluye cualquier periodo en que el trabajador se encuentre conectado a la app de Uber dentro del territorio en que el conductor está acreditado para operar y que se encuentre listo para aceptar viajes.

Reino Unido será el primer país en el mundo en donde Uber tenga este tipo de modelo de negocio. La empresa afirma que no espera que la reclasificación de sus conductores genere un cambio en sus proyecciones para el primer trimestre o para el año[3]. Cabe resaltar que Uber únicamente aplicará esta medida para sus conductores de transporte de pasajeros y no para los repartidores de comida bajo el argumento de que la sentencia de la Corte fue “específicamente dirigida a la industria de contratación de vehículos privados”[4].

El caso de España
En España la disputa por los derechos laborales no inició con un litigio que haya involucrado a Uber sino a la empresa de carácter similar llamada Glovo. A finales de septiembre de 2020, el llamado Tribunal Supremo declaró la existencia de relación laboral entre un repartidor y la empresa Glovo[5]. En este caso, el Tribunal dispuso de los siguientes argumentos para identificar el carácter de trabajador del repartidor:

  • En primera, el Tribunal sostiene que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino que es una empresa que presta servicios de “recadería” y mensajería[6].
  • Como empresa de este giro, “fija el precio y condiciones de pago del servicio, así como las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio”.
  • Es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad y para ello se sirve de repartidores que “no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador, sometidos a la dirección y organización de la plataforma”.
  • El repartidor “ni organiza por sí solo la actividad productiva, ni negocia precioso condiciones con los titulares de los establecimientos a los que sirve, ni recibe de los clientes finales su retribución”, negando así el carácter del poder empresarial que pudiera tener el repartidor.

En ese sentido resolvió el Tribunal español. Tras este precedente, el Ministerio del Trabajo en España, en conjunto con las diversas cámaras patronales, acordaron “establecer la situación laboral de las personas trabajadoras dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a través de plataformas digitales”, a través de dos premisas:

  • Presunción de laboralidad
  • Transparencia en los algoritmos que rigen el trabajo de los repartidores.

Como resultado de este diálogo, se concluyó la llamada “Ley Rider” la cual consta de un sólo artículo en que “obliga a las empresas a dar información a los comités de empresa sobre los ‘algoritmos y sistemas de inteligencia artificial’ que afecten a las condiciones laborales” y que establece “los repartidores de las plataformas son asalariados y no autónomos”[7].

Cabe resaltar, que, así como en el caso de Reino Unido, las medidas de protección laboral se limitaron únicamente al sector que entró en pugna, y no consideran, en este caso, a los demás individuos que operan a través de plataformas similares, ya sea como conductores u otro tipo de actividad. Este punto, junto a otros, han sido fuertemente criticados por colectivos de repartidores que buscan mejorar su situación. Por un lado, denuncian ante el Ministerio del Trabajo que la “Ley Rider” no haya “legislado a los trabajadores del resto de plataformas digitales”, sumado a que deja abierto a que permanezcan los abusos laborales que sufren actualmente. Por su parte, las plataformas digitales han criticado a sus representantes patronales por “cesiones totales” que lo que consideran atentados a sus libertades de empresa y de propiedad industrial[8].

¿El caso de México?
Si bien en México aún se considera que las personas que operan a través de plataformas digitales realizan actividades empresariales, ya han existido intentos por regular esta circunstancia. A finales de noviembre de 2020, se emitió ante la Cámara de Senadores un proyecto de decreto con el objeto de configurar como trabajadores subordinados a las personas que operen a través de plataformas digitales.

Si bien en México no han existido antecedentes relacionados a juicios laborales o de carácter similar, lo cierto es que la tendencia mundial pareciera apuntar hacia a la regulación del vínculo que existe entre plataforma y conductor o repartidor. No obstante, este tipo de regulaciones normalmente se centran en el modelo de negocio de Uber o similares, ignorando así la amplia gama de plataformas que operan a través de personas que en esencia son trabajadores, pero pierden este carácter por un acuerdo de voluntades en que su postura es poco o nada considerada.

Desde el punto de vista fiscal mexicano, el hecho de que los usuarios de plataformas se conviertan en empleados les puede resultar contraproducente, pues tributarían sus ingresos directamente en la tarifa del Impuesto sobre la Renta, sin tener derecho a deducir sus gastos. Esto puede evitarse creando un nuevo régimen fiscal en el que, aún teniendo el carácter de trabajadores, estas personas físicas tengan derecho a efectuar deducciones.

Este panorama, que ya varios países están buscando seguir, plantea retos en materia de implementación en México, sobre todo si se considera que hace menos de un año entró en vigor un nuevo Régimen de Plataformas Digitales, y se antoja sumamente complejo y costoso para las plataformas digitales efectuar un cambio de esta magnitud tanto en su administración como en sus sistemas.

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Notas al pie

[1] Russon, M.-A. (19 de febrero de 2021). Uber drivers are workers not self-employed, Supreme Court rules. Obtenido de BBC World: https://www.bbc.com/news/business-5612366

[2] Uber BV and others (Appellants) v Aslam and others (Respondents), UKSC 2019/0029 (The Supreme Court 19 de febrero de 2021). Obtenido de https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0029-press-summary.pdf

[3] Milligan, E. (16 de marzo de 2021). Uber Grants 70,000 U.K. Drivers Worker Rights After Ruling. Obtenido de Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-16/uber-to-reclassify-70-000-u-k-drivers-as-workers-after-ruling?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic

[4] Marris, S., & Rojas, J.-P. F. (17 de marzo de 2021). Uber gives 70,000 UK drivers worker benefits – but Uber Eats couriers left out. Obtenido de Sky News: https://news.sky.com/story/uber-move-to-give-70-000-uk-drivers-worker-benefits-will-reverberate-through-the-entire-gig-economy-12248229

[5] Consejo General del Poder Judicial. (23 de septiembre de 2020). El Tribunal Supremo declara la existencia de la relación laboral entre Glovo y un repartidor. Obtenido de Poder Judicial: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-la-existencia-de-la-relacion-laboral-entre-Glovo-y-un-repartidor

[6] UNIFICACIÓN DOCTRINA/4746/2019, 805/2020 (Tribunal Supremo. Sala de lo Social 25 de septiembre de 2020). Obtenido de https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/05986cd385feff03

[7] Gómez, M. (11 de marzo de 2021). La ley de ‘riders’ obligará a las empresas a informar a los sindicatos sobre los algoritmos que afecten a las condiciones laborales. Obtenido de El País: https://elpais.com/economia/2021-03-10/trabajo-y-los-agentes-sociales-cierran-el-acuerdo-sobre-la-ley-de-riders-y-algoritmos.html

[8] Francisco Varela, A. (11 de marzo de 2021). Así será la ley de ‘riders’ que acaban de acordar el Gobierno y los agentes sociales: presunción de laboralidad y transparencia sobre los algoritmos. Obtenido de Business Insider España: https://www.businessinsider.es/sera-ley-riders-laboralidad-transparencia-algoritmos-827345

 

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