En los meses que lleva activa, la pandemia ya ha dejado una lección ineludible sobre la necesidad de vincular las políticas económicas y de salud. No obstante, es complejo esbozar recomendaciones de políticas para enfrentar los desafíos de las diferentes fases de recuperación, que además no necesariamente siguen una trayectoria lineal. Los altos niveles de heterogeneidad e incertidumbre que caracterizan las condiciones epidemiológicas, sociales y económicas de este proceso requieren desarrollar diferentes respuestas adaptadas a cada situación. A continuación se presentan opciones para considerar a la luz de las capacidades, condiciones y desafíos diferenciados de los países de la región. Es evidente que cada país debe actuar dentro del rango máximo de sus posibilidades para prevenir que esta crisis sanitaria, que ya está teniendo graves impactos sociales y económicos, se convierta también en una crisis alimentaria y humanitaria de mayor escala.
Consolidación de un plan nacional y del consenso intersectorial
La respuesta a la pandemia debería incluir la participación de actores técnicos y representativos no solo del campo de la salud, sino también de diversos ámbitos sociales y económicos, dada la condición sistémica de la crisis en curso. Los espacios de decisión y coordinación creados por los gobiernos deben contar con mecanismos institucionales que faciliten la inclusión de la sociedad civil y la participación social, como estrategias indispensables para garantizar la viabilidad y factibilidad de las medidas que se tomen en el marco de la respuesta a la pandemia. Esto abarca desde comités de respuestas participativos a nivel nacional hasta el despliegue de la acción comunitaria del primer nivel de atención, en función de la estrategia de contención y superación de la crisis. En este marco, si bien es necesario respetar la rectoría de las autoridades sectoriales, también es fundamental que exista una coordinación intersectorial para garantizar la sinergia y coherencia de las políticas públicas, así como una articulación y una flexibilidad que permitan adaptar las respuestas a cada realidad local. Idealmente se trataría de una gestión descentralizada con una implementación subnacional (por regiones, estados, municipios o redes de salud, entre otros) y desde abajo hacia arriba. Además, poner el foco en la acción y la salud comunitaria podría posibilitar la reactivación temprana de las economías locales. Esta coordinación requiere combinar políticas sociales, económicas y de salud nacionales con un enfoque territorial que interprete de forma desagregada las condiciones heterogéneas de la población a nivel local.
Orientaciones por fases: acciones para el control, la recuperación y la reconstrucción
Los países de la región comparten desafíos estructurales preexistentes que agravan el impacto del COVID-19 y dificultan enfrentar esta crisis a corto, mediano y largo plazo, como los elevados niveles de pobreza y desigualdad, la informalidad laboral, las deficiencias institucionales y los bajos niveles de cohesión social. Estas características, a su vez, los diferencian de los países desarrollados y deben tenerse en cuenta al evaluar las estrategias que han implementado dichos países en el contexto de la pandemia. La respuesta a la pandemia debe interpretarse como un proceso dinámico, y los parámetros para decidir si se progresa o no a la fase siguiente —o se regresa a una anterior— deben establecerse mediante el continuo monitoreo y evaluación de la situación sanitaria.
En cualquier caso, con miras tanto a las acciones de control de la pandemia como a las etapas de recuperación y reconstrucción, es imprescindible que la inversión pública en salud aumente hasta alcanzar al menos un 6% del PIB nacional. Esto permitirá asegurar el fortalecimiento de los sistemas de salud, ampliando la oferta de servicios de calidad, abordar de manera inmediata y acelerada las necesidades de salud insatisfechas, reducir inequidades y aumentar la protección financiera. De esta forma, se priorizará un primer nivel de atención resolutivo, para que este pueda desarrollar su rol catalizador e integrador del conjunto de las redes de servicios con que cuentan los sistemas de salud, incluidos los servicios especializados necesarios para atender las fases agudas del COVID-19.