Define SAT criterio sobre retención de 6% de IVA

Con fecha 31 de enero de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página el proyecto de modificación al Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, que contiene la Compilación de Criterios Normativos.

A través de esta modificación se adiciona el criterio “46/IVA/N Retención del 6% al impuesto al valor agregado a que se refiere la fracción IV del artículo 1o-A de la Ley del IVA”, en el que se plasma el criterio que sigue la autoridad para aplicar el nuevo supuesto de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a una tasa del 6% sobre los servicios que consistan en poner personal a disposición del cliente.

El criterio de referencia se reproduce a continuación.

46/IVA/N Retención del 6% al impuesto al valor agregado a que se refiere la fracción IV del artículo 1o-A de la Ley del IVA

El artículo 1o-A, fracción IV de la Ley del IVA señala que están obligadas a retener el impuesto que se les traslade, aquellas personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual y dicha disposición específica que la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada.

Por su parte, el artículo 5 del CFF menciona que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que tratándose de normas de aplicación estricta es válido, para fines de su interpretación, acudir a diversos métodos, entre los que se encuentra el teleológico o exegético.

En este sentido, aun y cuando en el proceso legislativo que dio origen a la reforma al artículo 1o-A, fracción IV de la Ley del IVA inicialmente se hacía mención a la retención del impuesto respecto de los servicios de subcontratación laboral a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, durante la dictaminación efectuada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados se eliminó tal referencia y el precepto fue aprobado en esos términos, por lo que, para efectos fiscales, debe tenerse que, los servicios objeto de retención son los que se describen en el citado precepto, es decir, todos aquellos en los que se pone a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que, esté o no bajo su dirección, supervisión, coordinación o dependencia, e independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual.

Por lo anterior, cuando una persona moral del Título II o del Título III de la LISR o una persona física con actividad empresarial, en su calidad de contratante, reciba servicios en los que se ponga personal a su disposición, se entiende que habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechados de manera directa por el contratante o por una parte relacionada de éste. Por el contrario, no habrá retención si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas directamente por el propio contratista.

Como puede apreciarse, en el texto del criterio no se hace referencia al término “subcontratación laboral” ni tampoco lo hace al Artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo. Sobre este punto es necesario comentar que existe una corriente de pensamiento que considera que hubiera sido conveniente que se especificara que la retención es para los servicios de subcontratación laboral, u outsourcing, como se establecía originalmente en la Iniciativa de Reforma; sin embargo, como se señala con claridad en este criterio de la autoridad, durante el proceso legislativo el alcance la norma se amplió debido a que existen servicios donde se pone personal a disposición del contratante, pero no necesariamente se ubican en la definición de subcontratación laboral previsto en el Artículo 15-A referido, por lo que en aras de combatir la evasión fiscal a través de estas figuras, se abandona la referencia a la subcontratación laboral como tal, pues de haberlo limitado a esa figura, se generarían supuestos jurídicos en los que no se daría la retención aún en presencia de servicios en los que se pone personal a disposición del cliente, perdiendo total eficacia esta nueva disposición.

En este sentido, argumentar que el criterio no es claro ni resuelve las dudas en virtud de que debió referirse a la subcontratación laboral de forma específica, sería desconocer el contexto en que se da la reforma fiscal y el objetivo de combate a la evasión fiscal.

Si bien es cierto que el criterio aún puede dejar lugar a algunas dudas en cierto tipo de servicios muy específicos, lo cierto es que de él se despende que la retención del IVA NO es a todos los servicios, sólo a aquellos en que se pone personal a disposición del cliente, por lo que esto debe ayudar a destrabar muchas de las negociaciones entre empresas que se estaban viendo afectadas desde finales del año 2019 por la incertidumbre generada por las interpretaciones de esta nueva norma.

Este criterio está pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

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